Una empresa de limpieza denunció un esquema reiterado de demandas laborales tras los cambios de concesionarios en el Centro Atómico Bariloche. El caso, que ya supera los $1.000 millones, reaviva el debate sobre la llamada “industria del juicio” y sus efectos sobre la actividad privada.
Los juicios laborales en el Centro Atómico Bariloche volvieron a quedar en el centro de la escena a partir de un conflicto que excede largamente a una empresa y plantea interrogantes más amplios sobre el funcionamiento del sistema de reclamos laborales en la Argentina.
Una firma de servicios de limpieza enfrenta una demanda que supera los $1.000 millones, iniciada por 49 trabajadores que se dieron por despedidos tras la pérdida de una licitación. El expediente, hoy en manos del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, es presentado por la compañía como un caso paradigmático de reclamos seriales, asociados a una práctica que se repite cada vez que cambia el prestador en el Centro Atómico.
Un patrón que se repite
Según la empresa, el conflicto no surge de un despido efectivo ni de una interrupción real de la relación laboral, sino de una costumbre no escrita: cuando una concesionaria pierde una licitación en el CAB, el personal suele ser absorbido por la nueva prestataria, aun cuando los pliegos no lo exigen. En ese tránsito, los trabajadores cobran indemnización y continúan desempeñándose en el mismo lugar, ahora bajo otro empleador.
Ese mecanismo —tolerado durante años— habría escalado con la última licitación. La empresa saliente fue descalificada por aplicar el convenio de Maestranza y no el de Comercio, pese a que el centro científico no desarrolla actividad mercantil. La nueva adjudicataria asumió el servicio con una oferta más costosa, y los trabajadores firmaron el alta temprana con el nuevo empleador antes de finalizar formalmente la concesión anterior.
Días después, se dieron por despedidos y reclamaron indemnizaciones y diferencias salariales, dando inicio a un proceso judicial que creció exponencialmente por la aplicación de intereses.
El debate de fondo
Más allá de la resolución judicial —aún abierta— el caso pone sobre la mesa un debate incómodo: ¿qué sucede cuando una práctica informal se transforma en un derecho reclamado judicialmente? ¿Dónde termina la protección legítima del trabajador y dónde comienza un sistema que, según denuncian empresas del sector, penaliza a quien cumple con la ley y los convenios vigentes?
La sentencia de primera instancia reconoció parcialmente los reclamos, aunque descartó sanciones clave, y fijó una condena superior a los $800 millones, garantizada mediante un seguro de caución. La empresa optó por no cerrar acuerdos rápidos y llevar el caso hasta el máximo tribunal provincial, con una estrategia que busca cuestionar el modelo de arreglos forzados que, aseguran, se repite con los mismos actores en cada recambio de concesión.
Un impacto que va más allá del caso
El conflicto no solo tiene consecuencias económicas para una empresa en particular. También envía señales al sector privado, especialmente a aquellas firmas que participan en licitaciones de servicios en organismos públicos y científicos. El riesgo de enfrentar juicios millonarios aun sin despidos efectivos puede convertirse en un factor disuasivo, encareciendo servicios o reduciendo la competencia.
Mientras la Justicia define el desenlace, el caso del Centro Atómico Bariloche vuelve a instalar una pregunta de fondo: si el sistema laboral actual está cumpliendo su objetivo de equilibrar derechos o si, en determinados contextos, terminó consolidando incentivos perversos que afectan empleo, inversión y previsibilidad.
